Una vez concluido el verano, donde apenas hay faena en el campo, los trabajadores agrícolas esperan la llegada de la aceituna temprana en el mes de Septiembre para llevar algunos jornales a casa. Sin embargo, dos semanas después del comienzo de la campaña del “verdeo”, apenas se está recogiendo una parte de la producción y las labores de recolección se están dando con cuentagotas. La aceituna sigue en el árbol debido a los precios no rentables del mercado y la falta de financiación bancaria para los pequeños agricultores. Una situación agravada este año ante la escasez de lluvias que den tamaño y calidad al fruto.
El ahogo del pequeño agricultor
La aceituna de mesa es uno de los cultivos más importantes de Sevilla. Con 250 mil toneladas de producción, representa cerca del 90% de la producción de Andalucía y la mitad de la nacional. Según estimaciones de la propia patronal, esta actividad genera 750.000 peonadas. Pero la realidad es que una porción de estos jornales podría perderse. Muchos agricultores no están recogiendo la cosecha y gran parte de la misma se podría destinar a molino (convertida en aceite), o quedarse en el árbol. En ambos casos se produciría una merma en los días de trabajo de la campaña. Algo dramático para los muchos trabajadores y trabajadoras del campo andaluz que este año no lograrán juntar las 35 peonadas que dan derecho al cobro del subsidio de 420 euros durante 6 meses.
La cuestión es que el coste de producción oscila entre 0.75 euros el kilo y los 0.57 euros en las parcelas más productivas, mientras que los precios medios de las últimas campañas y los que se ofrecen actualmente al agricultor rondan los 0.48 euros el kilo de aceitunas, una cantidad que ni siquiera se equilibra con los 0.10 euros/kilo que suponen las ayudas comunitarias. Con estos datos en la mano, es evidente que las explotaciones más pequeñas e improductivas, que se cuentan por miles, se sitúan en pérdidas y están abocadas a la desaparición. Frente a esta lógica despiadada del mercado, frente a la tiranía de las grandes multinacionales de la distribución de alimentos y de los bancos que han restringido el crédito, nuestras simpatías están con los miles de pequeños agricultores y con sus reivindicaciones encaminadas a conseguir un precio justo que les permita sobrevivir.
Explotación sin límite de los trabajadores
El problema es que, como siempre, grandes y pequeños propietarios, quieren superar esta contradicción reduciendo los costes laborales. Es decir, pretende superar este callejón sin salida al que el mercado capitalista está llevando la producción agrícola, a costa de los obreros del campo, precisamente los que menos culpa tienen de este desbarajuste. La oferta de los propietarios de las tierras para esta campaña es pagar 3 euros por caja de aceitunas recogida, ni convenio, ni jornada, ni nada que se le parezca. Una cantidad que supone trabajar aprisa y sin descanso para ni tan siquiera llegar al jornal (43.73 euros). La oferta no se hace directamente al trabajador, sino a través de las “empresas” intermediarias que se han hecho dueños de la fuerza laboral en el campo y que hacen el trabajo sucio a la patronal. A menudo son esclavistas sin escrúpulos que explotan y sacan tajada de todos los trabajadores, en especial los más desprotegidos, como los inmigrantes.
En verdad, esto no es nuevo. Es una vuelta de tuerca más a la constante que hemos venido denunciando desde estas páginas en estos años. Las grandes campañas de trabajo en el campo, como la aceituna y la naranja, están desreguladas de hecho, la mayor parte se realiza a destajo y sin la cobertura de un convenio que ya de por sí es bajo. Aquí observamos algunos datos que la patronal no contempla en sus estadísticas. Con el sistema del destajo, la productividad se incrementa, sobre las espaldas del trabajador, y en consecuencia el coste de la mano de obra, los jornales necesarios para sacar la producción, disminuyen. Pero por mucho que se explote a los trabajadores, por mucho que se rebajen sus condiciones laborales, el mercado sigue imponiendo su ley de hierro. Con los precios actuales de compra y financiación de las cosechas, la mayoría de las explotaciones agrícolas son inviables, incluso con trabajo semiesclavo. La ruina de la pequeña propiedad, la crisis permanente en la que está sumida la producción agrícola bajo el control de la banca y las grandes comercializadoras, es decir, bajo la dictadura del capital, no es responsabilidad de la clase trabajadora que no está obligada a aceptar ningún sacrificio para salvar un sistema insostenible e injusto. Esta es la base de la que debe partir una posición de clase en defensa de los derechos de los trabajadores, que no pueden estar supeditados a criterios de rentabilidad empresarial, aunque se trate de la pequeña propiedad. Y esto significa la lucha por la aplicación del convenio colectivo, la desaparición del destajo y la ilegalización expresa de la subcontratación en el campo
Pasividad sindical
Lamentablemente, no ha sido ésta la política sindical que se ha aplicado estos años en el campo. Lejos de adoptar una orientación combativa, todo este entramado se ha impuesto en el mundo rural con la permisividad de las direcciones sindicales de CC.OO. y UGT. En ningún momento ha habido una respuesta seria y coordinada para frenar esta tendencia, sino más bien una aceptación de hechos consumados. Hasta tal punto esto es así, que en la plataforma inicial del último convenio, las propias direcciones de estos sindicatos pretendían “regularizar” esta situación incluyendo en el documento salarios correspondientes al trabajo por cuenta. Es decir, renunciando a cualquier lucha contra esa explotación inmisericorde que es el trabajo a destajo y contra todo lo que este sistema lleva aparejado, las mafias intermediarias, la división de los trabajadores entre inmigrantes y locales, entre los más aptos y los más débiles, como las mujeres y los mayores, etc.
Pero es que al día de hoy, con la que está cayendo en el sector agrario, cuando incluso la patronal ASAJA ha convocado una jornada de huelga en la aceituna por los bajos precios, no encontramos ni un solo comunicado desde Comisiones y UGT llamando al respeto del convenio y denunciando las penosas condiciones laborales y salariales que se está exigiendo a los trabajadores de las poblaciones rurales.
Una actitud verdaderamente proletaria y reivindicativa sí la hemos visto en las movilizaciones que el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) viene protagonizando en defensa de la dignidad y el empleo, convocando marchas, ocupaciones y manifestaciones que han sido duramente reprimidas. Enarbolando un programa de mejoras para los parados y los jornaleros, completamente olvidados en los programas de ayudas del gobierno, como son, la eliminación de las 35 peonadas como requisito para acceder al subsidio, la ampliación de esta prestación hasta los 10 meses y elevar la cuantía al salario mínimo interprofesional, la puesta en marcha de programas de empleo y de inversiones públicas en los pueblos que realmente den trabajo a los parados y los eventuales al menos durante cuatro meses, la extensión de todos estos derechos y prestaciones a los inmigrantes en pie de igualdad con los nativos, etc.
Estas y otras medidas que vayan en la misma dirección son perfectamente asumibles por las direcciones de CC.OO. y UGT, que deben sumarse a la lucha y poner las bases de la unidad de acción sindical entre los tres sindicatos de clase como objetivo inexcusable para afrontar las enormes contradicciones que vienen desarrollándose en las zonas rurales.
La cuestión de la propiedad de la tierra
Sin duda un programa de mejoras, un programa de transición es indispensable para animar a los trabajadores a movilizarse y luchar por avances salariales y laborales concretos. El límite se encuentra en que podemos intervenir con estas consignas mientras haya actividad productiva y por lo tanto trabajo. Pero qué se puede hacer cuando no hay producción, cuando los propietarios, especialmente los grandes, no cultivan, arrancan los olivos o dejan la producción en el árbol. La campaña de la aceituna pone sobre la mesa la cuestión de la propiedad de la tierra y las contradicciones irresolubles que conlleva la propiedad privada de los medios de producción en la sociedad capitalista, hasta el punto de que un reducido grupo de terratenientes tienen en su mano colapsar la producción agrícola cuando el mercado no satisface sus intereses. De hecho, ASAJA, la patronal latifundista por excelencia, está recomendando a todos sus asociados que no cojan la aceituna a menos que tengan ofertas por encima del precio de costo.
Sobre esta dramática realidad, el programa de la Reforma Agraria, es decir, la expropiación de los grandes latifundios y su puesta en producción como propiedad social, no puede plantearse como una buena idea para un tiempo futuro sino como la continuación natural de la lucha por las mejoras concretas para los trabajadores que el SAT, por ejemplo, está defendiendo. La propiedad social de los medios de producción, de la tierra, es una necesidad histórica que la crisis y las contradicciones del capitalismo está poniendo en el orden del día. Esto ya no puede sorprender a nadie cuando hemos visto cómo los países capitalistas más avanzados han tenido que recurrir a las nacionalizaciones de bancos y aseguradoras para salvar el sistema financiero ¡tapando los agujeros con dinero público!. También la solución de la eterna crisis en el campo pasa por medidas nacionalizadoras, una tarea que corresponde a las organizaciones obreras agrupando al conjunto de la clase trabajadora entorno a un programa socialista. Hay que expropiar a esta aristocracia latifundista que llevan siglos siendo un obstáculo para el desarrollo económico y social, viviendo, antes de las rentas y ahora de los subsidios comunitarios.
Por supuesto, son muchos, y no sólo en las filas de la burguesía y los terratenientes, los que auguran todo tipo de desgracias y catástrofes con la sustitución de la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad social, en manos de los trabajadores. Cuando el panorama que tenemos en el campo bajo el sistema capitalista es ruina, explotación, economía subsidiada y amenazas constantes de colapso en la producción, no parece que los cambios que proponemos en la propiedad y en la explotación productiva puedan traernos algo peor. Como siempre, todo se resume en socialismo o barbarie.
Compañer@, no se puede tirar la piedra y esconder la mano, y mucho menos para contar mentiras de segunda mano.
Los plazos de ejecución de las mejoras en la infraestructura educativa de Villaverde no se están cumpliendo a pesar de los compromisos que el Delegado Provincial de Educación de la Junta de Andalucía anunció al Consejo Escolar Municipal hace ya dos años.
